Personaje

lunes, 9 de marzo de 2009

El Gobierno de Alvaro Colom se opone a la publicacion de archivos militares

Exige la divulgación de archivos militares en Guatemala

El gobierno de Guatemala se opone a la publicación de archivos militares que podrían contener información fundamental sobre crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto armado interno (1960-1996). Estos documentos militares han sido solicitados por la acusación en el contexto de las causas judiciales seguidas contra el general José Efraín Ríos Montt, ex presidente de Guatemala (1982-1983), y otros oficiales de alta graduación.

Los documentos se llaman Plan Victoria 82 y Plan Operativo Sofía y, al parecer, detallan operaciones militares que dieron lugar a masacresde 1997, muchas de las cuales se narran en el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Entre las masacres que podrían haber sido provocadas por las operaciones militares contenidas en los documentos se encuentran seis que tuvieron lugar entre julio y septiembre de 1982 en las localidades de santa cruz Barillas y Nentón (ambas en el departamento de Huehuetenango), Plan de Sánchez (Baja Verapaz), San Francisco Javier, Vibitz y Chicamán (las tres en Quiché). Hasta 750 mujeres, hombres y menores murieron a manos de fuerzas gubernamentales que también violaron y torturaron a las víctimas. Las operaciones militares que presuntamente condujeron a las masacres tuvieron lugar cuando Ríos Montt era jefe del Estado.

El Ministerio de la Defensa se ha opuesto a que los documentos se hagan públicos o se entreguen a los tribunales. Basa su negativa en el artículo 30 de la Constitución, que establece que toda la información gubernamental es pública salvo la información militar, diplomática o de seguridad nacional. Y la basa también en el Acuerdo Ministerial del Ministerio de la Defensa núm. 06-2005, que establece que será el propio Ministerio el que regule la clasificación o desclasificación de documentos.

En 2006, las organizaciones no gubernamentales que trabajaban sobre este caso consiguieron acceder a copias de ambos planes y enviarlos a los fiscales, quienes pidieron al juez que citara al ministro de Defensa para que entregara los originales con el fin de confirmar su autenticidad. Durante los meses que siguieron, los tribunales, el Ministerio de la Defensa y los abogados de Ríos Montt llevaron a cabo varios procedimientos judiciales para publicar o evitar que se publicaran los archivos.

El 19 de julio de 2007, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones resolvió contra el Ministerio de la Defensa y Ríos Montt, ordenando al Ministerio que presentara los documentos ante el tribunal y confirmara su autenticidad. Por aquel entonces, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de Guatemala expresaron su preocupación por la posibilidad de que el ejército destruyera los documentos antes de verse obligado a hacerlos públicos. Tras la decisión judicial, los abogados de Ríos Montt presentaron una nueva apelación ante la Corte de Constitucionalidad. En el momento de redactar este informe, la Corte todavía no había anunciado su decisión. La revocación del Acuerdo Ministerial 06-2005 ayudaría enormemente a la publicación de los documentos, ya que eliminaría parcialmente la base legal para la apelación contra dicha publicación.

El 15 de octubre de 2007, el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, se reunió con representantes de Amnistía Internacional en Londres y se comprometió a estudiar la cuestión del Acuerdo Ministerial 06-2005 y el papel que el poder ejecutivo debería desempeñar en la publicación de los archivos militares.
Derechos de las víctimas

Hay una serie de normas internacionales que define claramente los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos el derecho a la verdad y el deber de los Estados de garantizar el acceso a los archivos relativos a dichas violaciones.

En lo que se refiere a las normas nacionales, todavía debe aprobarse la legislación necesaria para regular el artículo 30 de la Constitución. Esto ha provocado que el Ministerio de la Defensa formule su propia normativa, el Acuerdo Ministerial 06-2005, que estipula básicamente que es el propio Ministerio de la Defensa (y el presidente como comandante general) quien decidirá qué información puede ser ocultada al público por motivos de seguridad nacional. Sin embargo, el Acuerdo Ministerial no cumple las normas internacionales que establecen que puede retenerse información por motivos de seguridad nacional sólo si el gobierno ha demostrado que esa restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo. Además, el Acuerdo Ministerial 06-2005 no incluye ninguna disposición o referencia sobre la publicación de documentos que puedan ayudar a la investigación o el procesamiento de delitos contemplados por el derecho internacional, como los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio.

Ríos Montt fue elegido de nuevo para el Congreso el 9 de septiembre de 2007. Como congresista designado por elección, disfruta del derecho de antejuicio (inmunidad parlamentaria), pero dicha inmunidad puede ser retirada por la Corte Suprema de Justicia si se considera que existen motivos suficientes para sospechar que es autor de un delito y que debe ser procesado.

Aparte de Ríos Montt, las causas judiciales abiertas en Guatemala en 2000 y 2001 incluyen también a siete oficiales de alta graduación, uno de los cuales murió en 2006. Estas causas no han experimentado ningún progreso real.

En 1999, Rigoberta Menchú, galardonada con el Premio Nóbel de la Paz, presentó también denuncias por genocidio, tortura y asesinato en los tribunales españoles. La Audiencia Nacional española asumió la jurisdicción del caso en 2006, después de que el Tribunal Constitucional de España resolvió en 2005 que los tribunales españoles pueden ejercer la jurisdicción universal sobre los delitos contemplados por el derecho internacional y cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, realizó un viaje de investigación a Guatemala en junio de 2006, pero se vio obligado a regresar a España con las manos vacías a causa del “obstruccionismo” y la falta de cooperación tanto de los acusados de atrocidades como del sistema judicial guatemalteco. No obstante, pese a estas obstrucciones, el 7 de julio de 2006 el juez Pedraz acusó a cinco ex oficiales del ejército guatemalteco, entre ellos Ríos Montt, de genocidio, tortura y otros crímenes contra la humanidad, y dictó órdenes internacionales de detención por su participación en las atrocidades cometidas bajo su mando. Ríos Montt ha evitado ser detenido, apelando contra las órdenes de detención sobre la base de diferentes motivos. De los otros cuatro oficiales, uno murió semanas antes de dictarse la orden de detención, otros dos están detenidos en espera de la extradición y el cuarto está huido.

Aunque el juez español todavía no ha solicitado el Plan Victoria 82 y el Plan Operativo Sofía, es probable que contengan pruebas importantes que también podrían utilizarse en los procedimientos de España.

Po: Pancholon Divulgador, Escritor e investigador

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