Hola amigos considere necesario pasar este reportaje de Prensa Libre de Guatemala. En mis futuros articulos yo Pancholon abordare este tema con mas detalles.
he puesto un enlace de prensalibre para leer noticias nacionales.
www.prensalibre.com
==========================
La desclasificación de cuatro planes militares ejecutados en 1980 se frustró ayer, cuando el ministro de la Defensa, Abraham Valenzuela, sólo entregó en el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal dos de cuatro documentos, donde no se involucra de manera directa al militar retirado Efraín Ríos Montt.
Sectores sociales calificaron de burla la audiencia, porque el presidente Álvaro Colom ofreció que se entregarían los cuatro planes, pero con la frustrada entrega de esos documentos se demostró que existen contradicciones entre el ministro y el gobernante.
Según un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), Abraham Valenzuela debió entregar en ese juzgado los planes Campaña Sofía 82, Victoria 82, Firmeza 83 y Operación Ixil.
Sin embargo, el funcionario sólo le mostró al juez Jorge Mario Valenzuela los planes Victoria 82 y Firmeza 83, y en la audiencia afirmó que desconocía los otros dos documentos.
Contradicción
Durante el acto de conmemoración del Día de la Dignidad de las Víctimas, el mandatario aseguró que los cuatro planes operativos ejecutados por el Ejército ya habían sido presentados.
“Algo deberá tener el 13, día del calendario maya (...); esa energía interna hizo que hoy —ayer— fueran entregados al juez competente el plan Sofía, Victoria 82, Victoria 83 y Operación Ixil”, aseguró Colom.
Sin embargo, Valenzuela insistió en que desconocía sobre los otros dos planes y que no podía revelar detalles de otros documentos, porque eran secretos de Estado.
Agregó: “Los otros dos planes no están disponibles; desconozco su paradero; no sabía de su existencia, hasta ahora que soy ministro”.
Los querellantes adhesivos Mario Minera y Juan Francisco Soto afirmaron que la audiencia no cumplió su cometido porque no se conocieron los detalles de los planes que, según denuncias, incluían masacres y delitos de lesa humanidad en las comunidades indígenas.
Ambos dudaron de la veracidad de los documentos, porque afirmaron: “Es imposible que en un fólder, tamaño oficio y con unas pocas hojas, detalle estrategias militares contra poblaciones civiles y contrainsurgentes”.
El juez Valenzuela no revisó los documentos, y programó para el próximo 6 de marzo una audiencia donde, en la sede de la Defensa, se revisarán los planes, en presencia de las partes procesales.
Dos estrategias militares
El primer documento estaba empastado y contenía unas cien páginas. El segundo fue presentado dentro de un fólder tamaño oficio, con unas 10 hojas. Ambos no fueron revisados por el juez, y los dejó en custodia del ministro Valenzuela.
Uno de los documentos que se esperaban conocer en la audiencia era el Plan Sofía, una ramificación del Plan Victoria 82, donde se diseñaban acciones militares en el norte del Quiché y fue concebido en julio de 1982, cuatro meses después de que Ríos llegó al poder.
Según archivos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, ese plan contrainsurgente fue trazado por orden del entonces jefe del Estado Mayor General del Ejército, Héctor López Fuentes. En febrero del 2002 éste declaró en el Ministerio Público que recibía órdenes directas del jefe de Estado de facto Ríos Montt y del viceministro de la Defensa durante aquella administración, Humberto Mejía Víctores.
López fue el creador del Plan Victoria 82, cuyo objetivo era dirigir operaciones contrainsurgentes y de guerra ideológica, a fin de localizar, capturar o destruir grupos subversivos, para garantizar la paz y la seguridad de la Nación, en Quiché, Huehuetenango, Quetzaltenango, San Marcos, Sololá y Petén.
La Fiscalía espera que los cuatro documentos arrojen indicios que respalden las investigaciones sobre las masacres cometidas por el Ejército durante las gestiones de Ríos Montt y de Mejía Víctores, y por militares subalternos que participaron en la estrategia de tierra arrasada durante la parte más álgida del conflicto armado interno.
Critican postura militar
Minera, de la Asociación Justicia y Reconciliación (ARJ), que es querellante adhesivo en el proceso, afirmó: “Hubo anomalías en esta diligencia, porque no fuimos notificados, y fue una burla para los familiares de las víctimas que buscan justicia”.
Agregó que al no entregar los planes se demuestra que Defensa insiste en proteger a Ríos Montt y a militares afines.
La Fiscalía expresó que esta cartera incumple una orden judicial.
Cortesia de Prensa Libre de Guatemala
No hay comentarios:
Publicar un comentario